¿Un paso hacia la transparencia o un retroceso democrático?
La reciente aprobación en el Senado de la reforma constitucional que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con otros seis organismos autónomos, marca un momento crucial para México. Las modificaciones afectan 14 artículos de la Constitución, según informó el Senado, y buscan trasladar las funciones de estos entes a dependencias gubernamentales existentes o de nueva creación.
Esta reforma, avalada por mayoría calificada, ha generado un debate polarizado. Por un lado, los defensores argumentan que centralizar las funciones de estos organismos en la administración pública federal reducirá costos y mejorará la eficiencia. Por otro, críticos señalan que estas instituciones fueron creadas como contrapesos esenciales para garantizar imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.
El INAI, en particular, ha sido clave en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública. Como Compliance Advisor, no puedo dejar de enfatizar que la transparencia es un pilar fundamental para prevenir la corrupción. De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, eliminar este organismo «afecta la transparencia, pone en riesgo la privacidad y dificulta el acceso a información pública imparcial y de calidad».
La pregunta que debemos plantearnos es: ¿Puede la Secretaría Anticorrupción cumplir con el mandato del INAI de manera efectiva? La concentración de funciones en una sola entidad gubernamental plantea dudas sobre conflictos de interés y la capacidad de mantener la independencia necesaria para fiscalizar al propio Gobierno.
El debate en el Senado incluyó posturas como la del senador Javier Corral, quien votó en contra de la reforma argumentando que los organismos autónomos son el resultado de años de lucha ciudadana. Por su parte, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez de Morena defendió la enmienda, asegurando que busca «mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas».
Estos puntos de vista reflejan una verdad incómoda: no se trata solo de reducir costos o eliminar duplicidades administrativas. Estamos frente a un cambio estructural que podría redefinir la relación entre Gobierno y ciudadanía.
El Compliance, como disciplina, busca crear sistemas sólidos que prevengan la corrupción y fomenten la ética. El desmantelamiento de contrapesos, como el INAI, podría tener efectos adversos en estos objetivos. Sin transparencia, se debilita la confianza pública y aumenta el riesgo de prácticas indebidas.
La experiencia internacional demuestra que los organismos autónomos fortalecen la gobernanza. Por ejemplo, en países como Canadá, la independencia de entidades reguladoras ha sido clave para garantizar la imparcialidad en áreas sensibles como la protección de datos y la competencia económica.
Al preguntarnos si esta reforma acerca a México a un modelo más eficiente o lo aleja de los valores democráticos, debemos recordar una frase del economista Amartya Sen: “La transparencia garantiza que las instituciones rindan cuentas, lo que es vital para la equidad y la justicia”.
El debate no debería centrarse solo en el costo de los organismos autónomos, sino en el costo de prescindir de ellos.
¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar en términos de democracia y derechos ciudadanos?
