La designación de carteles como terroristas y sus implicaciones para Compliance
¿Te has preguntado alguna vez qué riesgos ocultos pueden amenazar la integridad de las operaciones de tu empresa? Durante este mes, la agencia de noticias EFE y otros medios relevantes difundieron una noticia que está dando mucho que pensar en el ámbito del Compliance: el Gobierno de EE. UU. designó oficialmente, mediante un decreto firmado por el presidente Donald Trump el 20 de enero, a seis de los carteles mexicanos más poderosos como grupos terroristas. Entre ellos se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noroeste, el Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.
Esta medida no es meramente simbólica. La calificación de “grupo terrorista” implica que cualquier entidad –ya sea bancaria o empresarial– debe extremar sus controles para evitar establecer vínculos, directos o indirectos, con individuos o estructuras relacionadas con estas organizaciones. La medida responde a la necesidad de cortar las arterias financieras que alimentan actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas, secuestros y extorsiones, extendiendo su influencia más allá de México hacia Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa.
En este contexto, Compliance adquiere un papel muy importante. Las instituciones deben revisar y actualizar sus procesos de Due Diligence y Know Your Customer (KYC) para identificar cualquier indicio que vincule a sus clientes, socios comerciales y colaboradores (actuales y candidatos), con estas organizaciones. La experiencia demuestra que la falta de controles adecuados puede desembocar en sanciones millonarias, daños reputacionales irreparables y, en última instancia, la pérdida de confianza de inversionistas y clientes. Por ello, el reto consiste en equilibrar el dinamismo de los negocios con la rigurosidad de los sistemas de prevención.
Imagina que, sin intención, tu empresa establece una relación comercial con un proveedor que resulta estar vinculado con uno de estos carteles. En ese caso, las consecuencias podrían compararse a las de una brecha de seguridad crítica en el sector financiero: la empresa no solo enfrentaría severas sanciones económicas –similares a las que han impuesto organismos internacionales a entidades negligentes–, sino que también sufriría un daño reputacional que podría llevar a la pérdida de socios estratégicos y a una disminución drástica de la confianza de sus clientes. En otras palabras, el impacto se asemejaría al de una filtración masiva de datos confidenciales, donde la pérdida de confianza es casi irreparable.
La designación de estos carteles como grupos terroristas exige a las empresas adoptar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, para facilitar la detección temprana de patrones sospechosos. Los equipos de compliance deberán recibir formación constante y actualizarse en marcos regulatorios internacionales para responder a un entorno en permanente evolución. La transformación de riesgos tradicionales en amenazas de terrorismo refuerza la urgencia de implementar estrategias preventivas robustas que salvaguarden la integridad financiera y operativa de las organizaciones.
Ante este panorama, es básico que tanto el sector financiero como el empresarial revisen sus políticas internas y refuercen sus sistemas de control y monitoreo. La designación de estos carteles como grupos terroristas es un llamado a repensar los mecanismos de Compliance y a adoptar medidas proactivas para cortar cualquier vínculo con entidades de alto riesgo.
Invertir en un Sistema de Gestión de Compliance robusto no solo protege a la organización de sanciones y riesgos legales, sino que también contribuye a la lucha global contra el financiamiento del terrorismo, fortaleciendo la confianza de clientes e inversores en un entorno cada vez más complejo.
Hagamos que suceda.
AP
