Quiero empezar con una frase que resume el impacto de la corrupción en la sociedad y los negocios. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dijo en una ocasión:
«La corrupción es la plaga insidiosa de nuestra sociedad. Debilita la democracia, frena el desarrollo económico y erosiona la confianza pública.»
Y es precisamente en este contexto que la reciente decisión del presidente Donald Trump de suspender la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas en el ámbito empresarial y de Compliance. Esta ley, vigente desde 1977, no solo ha sido un pilar en la lucha contra el soborno transnacional, sino que es considerada la legislación con la que nació Compliance.
La FCPA es la primera ley en el mundo que estableció reglas claras contra la corrupción corporativa internacional (por su aplicación extraterritorial). Su creación fue una respuesta directa a los escándalos de sobornos que involucraban a empresas estadounidenses en la década de los setenta.
Antes de la FCPA, no existía un marco legal sólido que prohibiera a las compañías pagar sobornos a funcionarios extranjeros para obtener contratos o ventajas comerciales.
Fue a partir de esta ley que las empresas comenzaron a desarrollar programas de Compliance, implementando controles internos para prevenir y detectar actos de corrupción. De hecho, el concepto de oficial de cumplimiento (Chief Compliance Officer, CCO) surgió como una necesidad para garantizar que las organizaciones cumplieran con esta regulación.
Con el paso de los años, la FCPA se convirtió en el referente mundial de integridad corporativa y anticorrupción, sirviendo de modelo para otras leyes, como la UK Bribery Act en Reino Unido o la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México, que en su Artículo 66 tipifica el soborno como una falta grave. Ahora bien, si la FCPA es el fundamento del Compliance global, la pregunta es inevitable: ¿qué significa su suspensión para las empresas y el entorno regulatorio?
La administración Trump ha justificado esta decisión argumentando que la FCPA coloca a las empresas estadounidenses en desventaja frente a sus competidores internacionales, quienes operan en mercados donde la corrupción es una práctica común. Según esta visión, la ley actúa como una barrera burocrática que limita la expansión global de las compañías de EE.UU.
Sin embargo, quiero enfatizar un punto: el hecho de que en algunos países la corrupción siga siendo parte del sistema no significa que deba aceptarse como norma. Eliminar regulaciones no soluciona el problema, solo lo traslada a otro nivel, dejando a las empresas más expuestas a riesgos legales y reputacionales.
Desde la perspectiva del cumplimiento normativo, la suspensión de la FCPA genera múltiples riesgos:
- Mayor exposición legal: Aunque EE.UU. decida no aplicar la FCPA, otras jurisdicciones seguirán sancionando el soborno transnacional. Empresas estadounidenses aún pueden ser investigadas y sancionadas en países con regulaciones estrictas, como México, Reino Unido y la Unión Europea.
- Riesgo reputacional: Las empresas que interpreten esta decisión como una invitación a relajar sus políticas de Compliance podrían sufrir un impacto en su reputación. Como sabemos, la confianza de clientes, inversionistas y socios comerciales es difícil de recuperar una vez que se ha visto comprometida.
- Debilitamiento de los programas de Compliance: La FCPA ha sido un incentivo clave para que las empresas adopten mecanismos sólidos de control interno y reporten irregularidades. Sin la presión de la ley, algunas compañías podrían reducir sus esfuerzos en integridad corporativa, aumentando el riesgo de malas prácticas.
- Impacto en la inversión y las relaciones comerciales: En la actualidad, el cumplimiento de normas ESG (Environmental, Social, and Governance) es un factor clave en la toma de decisiones de inversión. Una empresa que no cumpla con estándares anticorrupción podría perder el interés de fondos de inversión y accionistas comprometidos con la ética y la sostenibilidad.
Quiero cerrar con una reflexión importante. Aunque la suspensión de la FCPA represente un cambio en la regulación de EE.UU., las empresas, ni los empresarios y empresarias deben ver esto como una invitación a relajar sus estándares éticos.
Me gustaría recordar una frase de Warren Buffett que resume perfectamente este punto: «Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla.»
Las empresas que quieran mantenerse competitivas y sostenibles en el largo plazo deben seguir fortaleciendo sus programas de Compliance, fomentando la ética en sus negocios y promoviendo una cultura de integridad.
En este nuevo panorama, la transparencia no debe ser opcional. Es, más que nunca, un valor esencial para la sostenibilidad de los negocios.
Hagamos que suceda.
